Nos quieren callar, pero protestar no es delito. En España, 11 activistas fueron absueltos después de cinco años de proceso por una protesta pacífica. En Argentina, otros 12 siguen procesados por defender los glaciares.
11 activistas de Greenpeace España que estaban procesados por “desorden público” tras realizar una protesta pacífica en el año 2021, fueron absueltos esta semana por la Justicia de Valencia. El Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) consideró que no concurrieron en “actos de violencia o intimidación idóneos para alterar gravemente la paz pública en los términos exigidos por el tipo penal”.
Mientras celebramos que se haya hecho justicia en el país ibérico, no podemos dejar de ver el paralelismo con lo que ocurre actualmente con los 12 activistas de nuestro país acusados por manifestarse en las escalinatas del Congreso mientras se debatía la modificación de la Ley de Glaciares.
Al parecer, hacer efectivo el derecho constitucional a protestar sin violencia ni daños materiales, de todas formas tiene un alto costo en el mundo. El caso español muestra que la criminalización de la protesta puede tener consecuencias incluso cuando finalmente llega una absolución: cinco años de incertidumbre, costos y un proceso penal sobre quienes participaron de una acción pacífica.
Los casos de España y Argentina no son jurídicamente idénticos ni se tramitan bajo las mismas leyes. Pero comparten algo central: personas sometidas a procesos penales después de participar de acciones ambientales pacíficas, sin violencia contra otras personas.
Defender el ambiente de manera pacífica no es un delito y no nos van a callar.
No más gas: ¿cómo fue la protesta en España en 2021?
La acción de Greenpeace España hizo base en el Puerto de Sagunto, al norte de la provincia de Valencia, el 26 de octubre de 2021 por la mañana. Allí ancló el buque de nuestra organización, ‘Esperanza’, del que salieron cuatro lanchas al encuentro del carguero ‘Merchant’ que traía 125.000 m3 de gas natural desde Estados Unidos. Uno de los activistas logró encadenarse a las anclas. En ese momento, otros integrantes del equipo realizaron dos pintadas en el casco de la embarcación en las que se leía: ‘No + gas’. Su valentía les valió ser acusados de desórdenes públicos agravados. La Fiscalía llegó a pedir inicialmente cinco años de prisión para cada uno y, al finalizar el juicio, redujo la solicitud a dos años y seis meses.
Durante el juicio, los encausados coincidieron en declarar que fue una acción pacífica amparada por su derecho de protesta, sin violencia y sin voluntad de causar ningún daño ni de enfrentarse a las autoridades. El capitán del barco, Sergiy, afirmó que la seguridad de los buques fue mantenida todo el tiempo mientras duró la protesta, según consignó el diario Infobae.
La causa generó además preocupación internacional por su posible impacto sobre el derecho a la protesta pacífica y fue seguida por organizaciones y expertos en derechos humanos.
Cinco años después de aquella protesta, la Justicia absolvió a los 11 activistas al considerar que los hechos no reunían los elementos necesarios para configurar el delito de desórdenes públicos que se les imputaba.
La absolución es una buena noticia. Pero cinco años de proceso también dejan una pregunta incómoda: ¿qué efecto tiene someter durante años a un proceso penal a personas que participaron de una protesta pacífica por proteger el ambiente que es de todos?
La similitud con el caso argentino: procesados por defender los glaciares
El 26 de febrero, 12 activistas de Greenpeace realizaron una protesta pacífica en las escalinatas del Congreso para visibilizar el rechazo a la reforma a la Ley de Glaciares. Se trató de una intervención con inodoros plásticos, en la que desplegaron una consigna en defensa de los glaciares y el agua. Eso fue todo. No hubo daños materiales, enfrentamientos ni resistencia cuando llegó la policía.
Además, la protesta fue parte de una movilización ciudadana muchísimo más grande. Más de 102.000 personas se inscribieron para participar de la audiencia pública sobre la modificación de la Ley de Glaciares. El debate duró dos días y pudieron participar menos de 200.
Y la movilización no terminó ahí: después de la sanción, casi 900.000 personas acompañaron el reclamo judicial para recuperar la protección de los glaciares. Los 12 activistas no actuaron de manera aislada: pusieron el cuerpo sabiendo que detrás había cientos de miles de personas defendiendo lo mismo.
Sin embargo, la Justicia dispuso procesar a quienes participaron de la acción sin prisión preventiva por los delitos de violación de domicilio y desobediencia a un funcionario público. Y el juez dispuso además un embargo de $2 millones para cada uno.
Ese procesamiento no está firme. Greenpeace apeló la decisión y el 22 de septiembre se realizó una audiencia ante la Cámara, donde la defensa pidió que se revoquen tanto los procesamientos como los embargos y se dicte el sobreseimiento de los 12 activistas.
Entonces, la pregunta es: ¿qué se está protegiendo con este procesamiento?
Acusaciones infundadas: así defendemos el derecho a protestar
Vale resaltar que el procesamiento no parte de una descripción de los hechos que coincida con la evidencia incorporada a la causa. Según sostiene la defensa, la resolución judicial dice que los activistas saltaron una reja “cerrada con candados” y que había custodia policial. Sin embargo, de acuerdo con lo planteado en la apelación, ni los testimonios, ni las cámaras de seguridad, ni el video aportado por la defensa muestran candados ni policías en ese momento.
La defensa sostiene además que tampoco se configuran los delitos imputados. Para que exista desobediencia, argumenta, debe haber una orden concreta dirigida a una persona determinada, algo que no habría ocurrido durante la acción. También cuestiona que las escalinatas exteriores de un edificio público puedan ser consideradas un “domicilio” en los términos exigidos por el tipo penal.
Otro punto importante es que el juez dispuso un embargo de $2.000.000 para cada uno de los doce activistas, sin distinguir la situación económica de cada persona. El hecho de que se trata de voluntarios no remunerados, entre quienes hay estudiantes sin ingresos propios, que dedican su tiempo de manera gratuita a la defensa del medio ambiente, parece no importar.
Lo ocurrido en España demuestra por qué estos procesos importan mucho más allá de las personas acusadas. Once activistas pasaron cinco años bajo la amenaza de una condena penal por una protesta que la propia Justicia terminó considerando insuficiente para configurar el delito que se les imputaba.
En Argentina, hoy son 12 las personas que esperan una respuesta de la Justicia después de haber participado de una acción pacífica en defensa de los glaciares y el agua. Su procesamiento no está firme y fue apelado.
Los casos son distintos y se tramitan bajo legislaciones diferentes. Pero la pregunta de fondo es la misma: qué mensaje se envía a la sociedad cuando quienes participan pacíficamente de una protesta ambiental terminan enfrentando procesos penales.
Protestar pacíficamente no es un delito. Defender el ambiente tampoco.
Greenpeace reafirma su compromiso con la protesta pacífica y con la defensa del derecho de todas las personas a participar y expresarse en defensa del ambiente. La organización continuará defendiendo a sus 12 activistas y reclamando que se revierta su procesamiento, al mismo tiempo que impulsa el reclamo judicial para recuperar la protección de los glaciares y el ambiente periglacial.
